ANÁLISIS DEL CASO YASUNÍ

LA EXPLOTACION PETOLERA EN LA RESERVA ECOLOGICA YASUNI
En el año 2002 PeCom fue comprada por la estatal brasileña Petrobrás, con el nombre Petrobrás Energía Ecuador (PEE), pasando a ser operadora del bloque 31, del cual el 70% corresponde a la zona núcleo del Parque Nacional Yasuní , y un 30% en la Reserva Étnica Huaorani, así como también de los Tagaeri y Taromenani, aún no contactados.
Aún así, el 19 de agosto del 2004, el Ministro ecuatoriano de Medio Ambiente del gobierno que presidió el Coronel Lucio Gutiérrez, Fabián Valdivieso, entregó la licencia a la empresa petrolera brasileña Petrobrás para explotar el bloque 31, ubicado en el corazón de una de las mayores reservas ecológicas del mundo. La licencia permite a la compañía desarrollar, en el llamado Bloque 31, obras de infraestructura, entre las que se incluye una carretera que atravesaría los últimos territorios de selva virgen del “Parque Nacional Yasuní”
Por lo que apenas se conoció la resolución ministerial, movimientos ecologistas de Ecuador, España, Canadá y Brasil, después de una “Misión Internacional de Monitoreo del Parque Yasuní” al inicio de agosto del 2004, alertaron sobre los daños ambientales causados por la explotación petrolera en el frágil ecosistema de Yasuní.
El 25 de agosto 2004 la Fundación Acción Ecológica, respaldada por la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Universidad Católica de Quito, propuso ante el Tribunal Constitucional una acción de amparo para que se revoque la licencia concedida por el Gobierno a Petrobrás” (Acción Ecológica, 2004); pues dicha licencia de funcionamiento para Petrobrás, es, según Esperanza Martínez, como "levantarle al acta de muerte" a la reserva de Yasuní. Organizaciones ambientalistas como Oilwatch, Acción Ecológica, Ecociencia, Fundación Natura y Greenpeace, aseveran que en una sola hectárea de estos bosques hay tantas especies de árboles y arbustos como en toda la superficie de Estados Unidos y Canadá juntos.
El 29 Nov 2004 se inicia un puente entre la sociedad civil de Brasil y Ecuador, en contra de Petrobrás, mujeres militantes de Acción Ecológica y la sociedad civil brasilera liderada por la Red Brasilera de Justicia Ambiental (RBJA), inician un proceso de diálogo con Petrobrás. Después de una denuncia realizada conjuntamente por ambas organizaciones, sobre el doble patrón utilizado por dicha transnacional, al instalarse en un área de protección ambiental, ubicada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, aún cuando en Brasil no está permitido explotar áreas consideradas como protegidas.En dicha reunión se definió que Petrobrás realizaría otro acercamiento en Ecuador e invitó a una delegación de la sociedad civil a conocer su unidad productiva en la Amazonía. Todo esto motivado por los resultados presentados por la Misión Internacional de Control en el Parque Yasuní (agosto 2004), en la cual participaron miembros de la RBJA conjuntamente con representantes de organizaciones de Brasil, España, Colombia, Canadá y Ecuador, quienes observaron los impactos socio ambientales que están siendo producidos por REPSOL-YPF (Argentina/Española), y Encana (Canadiense).
Con respecto a los efectos ambientales de la construcción de carreteras en la Amazonía, el 14 de febrero del 2005, varias personalidades (Jane Goodall. Edgard O. Wilson, Paul Ehrlich, Peter Raven, Carl Ross, entre otros), enviaron una carta al Coronel Lucio Gutiérrez señalando su alarma por el “daño ecológico irreversible” que están causando las carreteras sobre la Reserva de la Biosfera Yasuní.
Pero el 12 de julio 2005, Quito fue el escenario de un hecho histórico, veinte comunidades huaorani que agrupan a mas de 2300 sobrevivientes de la explotación petrolera en la provincia de Orellana y Sucumbíos decidieron no permitir mas la explotación de sus territorios y desconocer los contratos, haciendo respetar la Constitución. La CONAIE y la Nacionalidad Huaorani anunciaron su resolución de impedir la explotación petrolera en el PNY (área restringida), que fue autorizada por el Gobierno corrupto y defenestrado de Lucio Gutiérrez, quien violentó la constitución, convenios internacionales y leyes principalmente los Derechos Humanos, colectivos, ambientales y difusos, a favor de las transnacionales Petrobrás y Repsol-YPF.
Por lo que exige al Gobierno, “la revisión de todos los contratos petroleros, atentatorios a los intereses nacionales y derechos de los pueblos; a través de auditorias, a las petrolera OCCI, Texaco-Chevron, Petrobrás, Repsol-YPF”. Con la caída de Lucio Gutiérrez, “Brasil se sintió contrariado, pues su gobierno demostraba simpatías especiales por el Gobierno de Gutiérrez”. En el año 2005, “producto de las presiones nacionales y extranjeras de grupos sociales y ambientalistas”, el gobierno interino de Alfredo Palacio, en el mes de Julio, deroga la Licencia Ambiental otorgada a Petrobrás, lo cual produce la suspensión temporal de las actividades de Petrobrás en el Bloque 31 (Parque Nacional Yasuní).
Esto provoco la reacción de “Lula” y su aparato diplomático. El 16 de agosto 2005, el Canciller Celso Amorín viajó a Quito, para analizar temas de integración regional y la presencia de la petrolera Petrobrás en la Amazonía ecuatoriana. La respuesta del régimen de Palacio, motivada por la incisiva presión brasilera, se da el 12 de enero 2007, cuando el Ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, el mismo que sentenció la caducidad de Occidental, por la ilegal transferencia de derechos y obligaciones a AEC, legalizaba la ilegal transferencia de derechos de los bloques 18 y 31 de Petrobrás a Teikoku, dos años después de que Petrobrás suscribiera un Acuerdo ilegal de venta de acciones a Teikoku, sin autorización ministerial. Este hecho evidencia, los resultados de esta presión, donde el verdadero interés se va dibujando cada vez con mayor precisión, “el régimen interino de Palacio continuo con la resistencia al TLC con Estados Unidos, y en contra de OXY hasta lograr su caducidad. La salida de Occidental significó el fin del TLC con Estados Unidos, entre tanto, Brasil, movía a la diplomacia y al BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) ofertando créditos, advertencias, inversiones, todo a cambio de lograr los objetivos de Brasil y su emblema nacional, Petrobrás”. (Villavicencio, 2007).
Los diferentes gobiernos han concesionado ya alrededor del 60 por ciento del Parque Nacional Yasuní a empresas petroleras cuya operación es causa de constante riesgo para la vida de los huaorani y de la biodiversidad de la zona.
El gobierno de Rafael Correa en el año 2007, ha anunciado que no habrá moratoria petrolera y que se desarrollará el eje Ishpingo, Tambococha, Tiputini ITT. Lo cual es contradictorio con lo que se ofreció en campaña, por lo que los anuncios de explotación del proyecto ITT suponen serias amenazas para el futuro de la Amazonía, según declaraciones de ex ministros de Ambiente Jaime Galarza, Rodolfo Rendón, Yolanda Kakabadse y Edgar Isch, el Vicepresidente Lenin Moreno, organizaciones indígenas y ecologistas, por lo que solicitan al mandatario Rafael Correa que suspenda la licitación de nuevos yacimientos.
Sin embargo, el Presiente también ha sido preciso en argumentar que si se comprueba irregularidades por parte de cualquier compañía petrolera, incluida Petrobrás, se procederá a la caducidad del contrato. “Si se han cometido graves irregularidades por parte de Petrobrás o de quien sea se podrá proceder a la caducidad del contrato, dijo el mandatario, quien aseguró que aún no cuenta con los elementos suficientes para tomar una decisión sobre el contrato suscrito con Petrobrás”.
Por su parte, la organización no gubernamental Acción Ecológica lanzó una campaña nacional contra la extracción petrolera en el Yasuní."En lugar de explotar el crudo y destruir inevitablemente el Parque Nacional Yasuní, proponemos salvarlo con un esfuerzo colectivo. Comprar individual o colectivamente el crudo con el compromiso de no sacarlo y de que el Estado, como garantía, declare el área intangible para la explotación comercial de recursos", afirmó a IPS la activista Esperanza Martínez.Acción Ecológica invitó a la cooperación internacional a inscribirse en esta campaña para contribuir con el Estado a salvar el Yasuní, la propuesta incluye declarar el área del bloque ITT vedada a perpetuidad para la extracción comercial de recursos, con el reconocimiento expreso del derecho al uso tradicional de los pueblos indígenas, particularmente de aquéllos en aislamiento voluntario. "Han llegado mensajes vía correo electrónico de decenas de países en los cuales instituciones y personas apoyan la iniciativa y se comprometen a realizar una campaña en defensa del Parque Yasuní", dijo Martínez. Tomando en cuenta el atentado a la vida que se alberga en el corazón de nuestra tierra, no podemos tolerar que se siga subvaluando la verdadera riqueza que nuestro planeta posee, una de las mayores reservas de la biosfera amenazada por el poder transnacional y la inconsciencia nacional, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por el petróleo?... cuanta sangre más se derramará??? [1]
ESTUDIO DEL CASO
Muchos son los conflictos que se han generado a raíz de la explotación petrolera en esta área protegida. Desde su creación hasta la actualidad, la desmembración que ha sufrido el Parque Nacional Yasuní con la delimitación de bloques petroleros dentro de él y de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, ha provocado diversas reacciones en la población y sociedad civil ecuatoriana, e internacional. Las reacciones que produce la actividad petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní y en las zonas de amortiguamiento son múltiples, y han girado especialmente entorno al proyecto Ishpingo Timbococha Tiputini (ITT), el bloque 31 concesionado a Petrobras y el bloque 16 bajo explotación de Repsol- YPF; no sólo por los impactos ambientales que pueden producirse por la actividad, sino también por los conflictos y problemas sociales que se generan en las poblaciones aledañas y la sociedad nacional, pero especialmente en los grupos indígenas que utilizan esta área para sus actividades de subsistencia.
Dentro de este caso socio-ambiental de dramatismo casi imposible de resolver inclusive en la modernidad, encontramos los siguientes elementos del conflicto:
1.-POSICIONES.- Se entiende el reclamo que hace una de las partes a la otra, por una parte tenemos parte de la sociedad civil ecuatoriana y las poblaciones directamente afectadas del bloque 31 del parque nacional Yasuní quiere se le quite la licencia ambiental a Petrobras y que se pare la explotación petrolera en el sector, por otra esta la empresa Petrobras, que desea se mantenga el contrato y licencia ambiental, para así poder explotar los recursos petrolíferos de la zona.
2.- INTERESES.- A esto debemos analizarlo desde el punto de los beneficios:
Petrobras, necesita verse beneficiado de el petróleo por asuntos económicos, las poblaciones del parque Yasuní, no tienen interés económico pero si intereses de conservación del patrimonio nacional.
3.- NECESIDADES.- Aquí verificamos la realidad sobre todo humana, es decir, aquellas fundamentales para vivir, Petrobras dentro de sus intereses económicos también tiene la necesidad de mantener a trabajadores, ya que sin esta explotación muchas familias se quedarían en el desempleo y desocupación, es decir, un interés netamente laboral, para las comunidades de Yasuní, en cambio, la necesidad de la conservación de la vida natural del bosque, por ende la protección a su salud, al medioambiente sano, etc, englobando todos, la necesidad de tener todos los derechos al buen vivir.
4.- PODER.- Es la capacidad de influencia que tiene una parte sobre la otra, a esto se le podría denominar la balanza del poder, Petrobras tiene la influencia del gobierno brasileño sobre el ecuatoriano, por lo tanto Petrobras detenta el poder político, en cambio las comunidades de Yasuní detentan poder civil (mazas), aunque poco influenciable al gobierno.
5.- Derecho.- Este es el elemento jurídico, por una parte esta la legalidad de los contratos firmados por los gobiernos de turno y la petrolera, por otra esta el derecho de las comunidades, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, etc, consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales.
CAUSAS DEL CONFLICTO
Bienes en Juego.-El bien en juego es el bloque 31 del parque Yasuní.
Principios en Juego.- Las expectativas de vida que esperan las comunidades, creencias religiosas, injerencias políticas de partidos por desestabilizar los gobiernos de turno.
Territorio como Causa.- El espacio físico del bloque 31 del parque Yasuní.
Relaciones Interpersonales o Sociales.- La falta de dialogo, y la relación que se da no entre Petrolera-pueblo, sino Petrolera-Gobierno, es decir, la falta de armonía hace que los problemas no se traten de forma mutua, sino mediante terceros. Es el caso de Petrobras que igualmente que solicita auxilio de su gobierno por lo que las relaciones son gobierno brasileño-gobierno ecuatoriano.
Mala Comunicación o Desinformación por parte de los medios de comunicación que ejercen influencia en las consciencia de los receptores.
Problemas Económicos.- La licencia ambiental a favor de Petróbras genera gran ingreso económico al gobierno Ecuatoriano y Brasileño, como a la misma petrolera, pero a perjuicio de las comunidades del bloque 31.
Diferentes Percepciones.-Desde la perspectiva de la petrolera, genera empleo y recursos económicos a los dos gobiernos, la perspectiva de las comunidades radica en la muerte que se esta dando en los manglares, destrucción del patrimonio estatal, falta a la constitución y las normas de derechos humanos en esencia a la del derecho a un ambiente sano y en esencia evitar el impacto ambiental que afecta la vida de las comunidades.
Necesidades Humanas Insatisfechas.- La necesidad de preservar el derecho a la salud, al respeto de las poblaciones nativas, al ambiente, los derechos humanos son algunas de las necesidades que tienen las comunidades del bloque 31.
Mala Distribución de Recursos.- Dentro de la acumulación de dinero a las arcas fiscales que trae consigo la extracción del crudo, se destina muy poco para el evitamiento del impacto ambiental, y mucho menos a las comunidades que son las perjudicadas con estos impactos ambientales.
Abuso del Poder (Derecho).- La petrolera con el apoyo del Estado hace y deshace dentro del parque, teniendo poderes casi omnímodos, y el Estado crea tímidamente legislación ambiental que no logra satisfacer todas las necesidades normativas que existen en la actualidad, alrededor de la actividad petrolera y los conflictos ambientales que se generan.
ESCALAMIENTO Y PERPETUACIÓN DEL CONFLICTO
Para identificar de una mejor manera al escalamiento en este caso, es necesario señalar cuales son las partes en conflicto:
1.- Petróbras, Gobierno Brasileño.
2.- Comunidades del parque Yasuní, población civil ecuatoriana y brasileña, medioambientalistas nacionales y extranjeros.
Jorge Zalles, manifiesta: “la elección de estrategias contenciosas, especialmente si hecha por ambas o todas las partes, tienden a inducir al escalamiento del conflicto”[2], este caso no es la excepción a esta regla, e inclusive después de tantos años de conflicto, es menester señalar que este fenómeno socio-sicológico ambiental ya se opera como “[…].irreversible el conflicto, por ende la perpetuación”, en este caso se videncia el escalamiento del conflicto y la perpetuación ya que el problema de Petróbras y las comunidades ha venido escalando y perpetuándose desde el inicio de las explotaciones petroleras, sin que hasta hoy exista un solución a dicho conflicto.
Las causas del escalamiento son las siguientes:
Ambas partes tienen aspiraciones altas, la una de seguir con la explotación petrolera, la otra de evitar esta explotación.
Falta de confianza entre las partes
Distancia, inexistencia de lazos entre las partes, falta de comunicación.
Ambas partes se autoperciben como fuertes
Vínculos antagónicos o beligerantes entre las partes
Polarización de visiones
Deseo de tomar la ley en las manos
Dilación del conflicto y falta de resolución
Involucramiento de subgrupos
Abandono, inacción
Agravios entre las partes
Argumentos ilógicos, falta de criterios justos
Inflexibilidad de la partes
Uso de palabras hirientes e insultos
Juego sucio de las partes
La cuestión ahora es saber que el problema se ha perpetuado de tal manera, que dos amparos constitucionales han resultado inconsistentes y no se llegará a una verdadera solución si las partes no se adentran a un manejo de conflictos mediante mediación interpersonal definido como "una relación entre partes en la que ambas procuran la obtención de objetivos que pueden ser o son percibidos por alguna parte como incompatibles"[3]
[1] Caso tomado de la página: http://daypachamama.blogspot.com/2007/05/explotacin-petrolera-en-el-parque-yasun.html
[2] ZALLES, Jorge, Barreras al Dialogo y al Consenso, Editorial Norma, Quito, 2004,pag. 41
[3] Pruit, Dean, Rubin, Jeffrey: Social Conflict, new York, 1986, citado por Elena I Higthon, y Gladys Alvarez, Mediación para Resolver Conflictos, pág.41 / 42, Ad-Hoc, Bs. As. 1995.